El juzgado número Siete de San Javier ha dictado hoy auto de sobreseimiento provisional sobre el Caso ‘Pantalán’ por el que venía investigando a seis de los ocho concejales del equipo de Gobierno del PP de Los Alcázares después de que los concejales del Grupo Municipal del PSOE denunciaran que las obras del Pantalán de embarque de la zona de la Pescadería se hubiera adjudicado en un concurso negociado sin publicidad en el que el equipo de Gobierno, que preside Anastasio Bastida, llamara a tres empresas que están relacionadas entre sí por diferentes cargos de las mismas y que la empresa adjudicataria contratara a la hija del alcalde días antes de que le concedieran la obra pública.

      El juez, en su auto, confirma los extremos denunciados pero considera que en tales hechos no aprecia que se haya cometido delito, aunque deja abierta la posibilidad para actuar en la vía contencioso administrativa después de que se pusiera de manifiesto en la investigación que el concurso se adjudicó a la empresa Tecopsa, la que contrató a la hija del alcalde, sin que tras la apertura de los sobres de las ofertas se diera la oportunidad a las otras dos empresas a mejorar las ofertas.

       El juez, en el quinto razonamiento jurídico desgrana detalladamente las diferentes vinculaciones que existen entre las tres empresas que fueron invitadas a participar en el concurso mediante la participación de personas que aparecen de forma indistinta pero señala que “no existe impedimento alguno para que sociedades en los que participen los mismos socios puedan concurrir al contrato… no puede considerarse que entre las mercantiles exista un grado de vinculación tal que suponga que en realidad solo se llamó a una sola empresa al procedimiento… En este caso una de las empresas no tiene vinculación (salvo por un mero socio) no observando vinculación entre las otras dos mercantiles a pesar de tener al mismo administrador”. Igualmente, el juez instructor confirma también el hecho de que la empresa adjudicataria contrató, días antes de ser beneficiada con la obra pública, a la hija del alcalde pero no aprecia que tal contratación se haya producido como consecuencia de una acción delictiva como premio por la adjudicación de la obra.

          Así pues quedan confirmadas las casualidades que motivaron las sospechas de la denuncia.

      El portavoz municipal del PSOE, Chema Gil ha señalado que “estamos ante una instrucción judicial que a nuestro juicio ha resultado ejemplar ya que el juez de instrucción ha investigado todos los hechos con detalle, ha practicado interrogatorios eficaces que han permitido confirmar los hechos que motivaron nuestra actuación. El juez pone de manifiesto que de los interrogatorios al interventor no se realizó la segunda ronda de la negociación con las empresas que concursaban lo que deja abierta la posibilidad a acudir a la vía contencioso administrativa”.

        Los actos cometidos en este procedimiento a tenor de la investigación judicial, indica el portavoz del PSOE “se encuentran ‘estricto sensu’ dentro de la Ley, pero existen unas responsabilidades políticas que a nuestro juicio resultan evidentes, que tienen que ver con el cúmulo de casualidades que se dan en toda la causa, aparte de aquellas legales que pueden dirimirse en el seno del orden jurisdiccional de lo contencioso administrativo y es por ello que mantenemos la petición de dimisión de los concejales del equipo de gobierno que participaron en el procedimiento”.

     El PSOE de Los Alcázares, ante la falta de transparencia en la gestión municipal por parte del Equipo de Gobierno, no dudará en seguir acudiendo a los tribunales cada vez que se produzcan hechos que resulten sospechosos, “es nuestro derecho y nuestra obligación”, indicó el portavoz municipal socialista.