Esta semana se ha celebrado la primera Comisión Fiscalización del contrato con Aqualia de explotación de diversas piscinas de Los Alcázares, solicitada por los grupos de la oposición y que ha puesto sobre la mesa la situación en la que se encuentran estos servicios.

A finales de 2011 el Partido Popular acordó con la concesionaria una serie de medidas que modificaban el contrato de explotación, durante el año 2012, que favorecían a la empresa explotadora y perjudicaron a los vecinos y turistas que usaban estas instalaciones municipales. Las medidas fueron aprobadas en sesión plenaria únicamente con el voto favorable del Partido Popular, en oposición del PSOE, y dejó en la calle a 10 trabajadores.

El cierre por completo de la piscina Ola Azul, el cierre temporal de la piscina climatizada durante el verano y el SPA durante 10 meses, así como también la importante reducción de distintos servicios como el de fisioterapia o la gerontogimnasia son algunas de las medidas que recogía el acuerdo entre el gobierno municipal del Partido Popular y la empresa Aqualia. A ellas también hay que sumar la supresión en las tarifas de exenciones de pago a los clubs deportivos y el aumento de las tasas que llega a dejar, en algún caso, en manos de la empresa sin supervisión municipal.

Y aunque las medidas únicamente debían durar 12 meses, continúa afirmando el Partido Socialista de Los Alcázares, estas siguen llevándose a cabo hoy sin acuerdo plenario. Lo que genera un incumplimiento del contrato por parte de Aqualia con el beneplácito del gobierno municipal que no actuó hasta mediados de 2015 abriendo tres expedientes sancionadores graves.

Declaran los socialistas alcazareños que”15 meses después de la apertura de esos expedientes y 3 años y medio después de que la empresa incumpla su contrato de adjudicación, el que fue en esos años Concejal de Deportes, Francisco Montesinos y el resto de Concejales del Partido Popular afirman no saber nada sobre este asunto en la comisión de fiscalización”.

El Secretario General del PSOE de Los Alcázares, Mario Cervera, ha añadido que “vamos a continuar investigando el contrato hasta solucionar esta situación. Los vecinos de Los Alcázares llevan demasiado tiempo esperando. Anastasio Bastida debe asumir políticamente las consecuencias de la dejadez de su gobierno municipal que ha costado el despido de 10 trabajadores y el cierre y deterioro de las instalaciones municipales. Debe firmar su despido como permitió el de los trabajadores de Aqualia”.